El Yasuní refleja las contradicciones de Ecuador: biodiversidad única en el mundo y, al mismo tiempo, un territorio sometido a la política extractiva más dura.
El Yasuní es uno de los lugares más biodiversos del planeta y, al mismo tiempo, uno de los más disputados. Este paraíso natural del oriente ecuatoriano guarda petróleo en sus entrañas, lo que ha atraído durante décadas a las grandes petroleras. En medio de este pulso entre conservación y explotación viven los waorani, un pueblo indígena con una cultura milenaria profundamente ligada a la selva.
Dependencia y abandono
Cuando Repsol entró en el Parque Nacional Yasuní en 2004, el impacto fue inmediato: deforestación, contaminación de agua y suelo, y el desplazamiento de la vida cotidiana de quienes habitan allí. A cambio de trabajos precarios y peligrosos, la empresa ofrecía a los waorani algunos recursos de salud, transporte y dinero. En 2021, cuando la petrolera se retiró, esa red de “beneficios” desapareció.
Lo lógico sería que el Estado interviniera para garantizar derechos básicos y apoyar la transición hacia proyectos propios de los waorani, como el ecoturismo sostenible. Pero no ha sido así. Ni las instituciones públicas ni las ayudas internacionales han llegado hasta ellos, a diferencia de otras comunidades indígenas fuera del parque.
Un modelo neocolonial
¿Por qué? Porque el modelo político ecuatoriano sigue operando bajo lógicas neocoloniales. El Estado se presenta como defensor de la naturaleza y los pueblos indígenas, pero en la práctica bloquea su desarrollo autónomo para mantener abiertas las puertas a la extracción. Una vieja estrategia conocida en América Latina como caciquismo ayuda a sostener este esquema: dividir a las comunidades, crear dependencias y asegurarse de que los líderes locales actúen como mediadores del poder central.
El resultado es que los waorani siguen dependiendo de estructuras externas, sin poder desplegar plenamente proyectos sostenibles que garanticen su futuro. No es falta de capacidad, sino un diseño político que los mantiene en una situación de vulnerabilidad.
La paradoja ecuatoriana
La historia del Yasuní revela así una paradoja: mientras la Constitución de 2008 consagra el derecho a la consulta previa y a la protección de los pueblos en aislamiento, los gobiernos sucesivos han retrasado su cumplimiento hasta que los pozos más rentables ya estaban en explotación. Una integración que, en realidad, significa exclusión.
